La Vulnerabilidad de los Colombianos en el Exterior: Una Emergencia Ignorada.

La Vulnerabilidad de los Colombianos en el Exterior: Una Emergencia Ignorada.

Por: IDL.

En Valencia, España, una crisis humanitaria afecta a la comunidad colombiana, que enfrenta no solo la pérdida de viviendas y bienes materiales, sino también la incomunicación y la carencia de servicios básicos como electricidad, agua y alimentos. Esta comunidad de aproximadamente 120,000 personas, que incluye a cientos de colombianos varados sin medios de subsistencia, sufre hoy las consecuencias de un desastre natural que pone en riesgo la vida de quienes han buscado un nuevo comienzo lejos de su país de origen. Las cifras son contundentes: al menos 4 personas están desaparecidas, y una ya ha perdido la vida.

Sin embargo, lo que debería ser una situación prioritaria en la agenda del Estado colombiano parece enfrentar un grave obstáculo: la falta de recursos en el Fondo Especial para las Migraciones (FEM). A pesar de ser un instrumento dedicado a responder a emergencias en el extranjero, el FEM se encuentra actualmente sin fondos. Esto deja a los miles de colombianos afectados a merced de la asistencia limitada que la embajada y el consulado pueden coordinar. Pero, ¿cómo podemos explicar que un fondo diseñado precisamente para proteger a nuestros nacionales en el extranjero no cuente con los recursos necesarios para cumplir su misión en momentos críticos?

Los colombianos en el exterior: actores invisibles en las políticas de asistencia.

Es evidente que el Estado colombiano no ha dado la prioridad necesaria a sus ciudadanos en el extranjero. La contribución de los colombianos que residen fuera del país va mucho más allá de sus remesas, que constituyen un motor económico fundamental. En 2023, el flujo de remesas alcanzó cifras históricas, representando más del 2% del PIB de Colombia y ofreciendo un sustento a miles de familias dentro del país. En otras palabras, los colombianos que residen en el exterior no solo ayudan a sus familias; también fortalecen la economía nacional.

Sin embargo, el país parece haber olvidado la reciprocidad de esta relación. Cuando estos ciudadanos enfrentan situaciones de emergencia, como el desastre en Valencia, el apoyo estatal se vuelve escaso o inexistente, como lo refleja la falta de recursos en el FEM. Esta situación no solo es una omisión en términos de derechos humanos, sino una contradicción económica: el Estado se beneficia de las remesas que envían los migrantes, pero cuando ellos necesitan ayuda, la respuesta oficial es inadecuada.

Un llamado urgente a la solidaridad y al apoyo institucional.

La falta de apoyo no es solo una problemática económica; tiene un impacto real y doloroso en la vida de miles de personas. Familias colombianas en Valencia han perdido sus hogares y sus pertenencias, y están incomunicadas en un país donde el acceso a servicios básicos se ha visto gravemente afectado por el desastre. En este contexto, las solicitudes de retorno a Colombia no solo son un pedido de ayuda, sino una expresión de desesperación de quienes han quedado sin opciones en el extranjero. Sin embargo, la incertidumbre crece, ya que la Cancillería ha solicitado la intervención del Consejo de Estado para determinar si la declaratoria de desastre puede extenderse a los ciudadanos en el exterior.

Es imperativo preguntarnos: ¿cómo es posible que no exista un marco claro para proteger a los colombianos en el exterior cuando estos enfrentan una calamidad? La respuesta a esta pregunta es, lamentablemente, una denuncia a la falta de previsión del Estado, que ha dejado sin cobertura a una población que, aun lejos de casa, contribuye significativamente al país.

¿Qué se necesita para cambiar?

El desastre en Valencia pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer y reformar el FEM. Un fondo que debería servir de salvaguarda en tiempos de crisis, tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas, no puede quedarse en ceros cuando miles de personas dependen de él para su supervivencia. Es necesario que el gobierno colombiano destine fondos adicionales y desarrolle un plan de contingencia específico para emergencias en el exterior.

Además, es fundamental reconocer y respaldar a los colombianos en el exterior como una parte activa y esencial del país. Su bienestar, tanto dentro como fuera de Colombia, debe ser una prioridad en las políticas públicas. Esto incluye el acceso a recursos de emergencia, asistencia para el retorno en situaciones extremas y una cobertura social que responda a las necesidades de esta población.

Los colombianos no pueden esperar más.

La crisis en Valencia es un recordatorio doloroso de que los derechos de los colombianos en el exterior no están siendo protegidos como se debería. Es necesario que el gobierno actúe de inmediato para garantizar que los ciudadanos que, en busca de una vida mejor, se han establecido en otros países, cuenten con el respaldo de su país de origen en momentos de desesperación. No hacerlo sería no solo una injusticia, sino una traición a quienes han apoyado a Colombia desde lejos, muchas veces sacrificando su propio bienestar.

Es hora de que el Estado colombiano mire hacia fuera y asuma su responsabilidad con los ciudadanos en el exterior, quienes, aun desde la distancia, sostienen y engrandecen a su país.